La apuesta del presidente Nayib Bukele por convertir al bitcoin en moneda de curso legal en El Salvador ha cumplido un año, pero los resultados distan mucho de ser los esperados. Desde su implementación el 7 de septiembre de 2021, la criptomoneda ha perdido más del 50% de su valor, mientras el país enfrenta advertencias de organismos internacionales sobre su delicada situación financiera y un posible impago de su deuda.
Un experimento con resultados adversos
Bukele presentó la adopción del bitcoin como una medida innovadora destinada a atraer inversiones extranjeras y proteger la economía salvadoreña de las presiones inflacionarias globales. Para promover su uso, el gobierno lanzó la billetera digital Chivo, ofreciendo 30 dólares en bitcoin a cada ciudadano que abriera una cuenta en la plataforma. Además, se instalaron numerosos cajeros automáticos que permitían convertir la criptomoneda en dólares estadounidenses y retirar efectivo.
Sin embargo, el sueño del mandatario iba más allá de una simple adopción monetaria. En noviembre de 2021, Bukele anunció el ambicioso proyecto de construir la “Bitcoin City”, una ciudad futurista financiada únicamente con un impuesto del 10% sobre el IVA. Pese al entusiasmo inicial, la propuesta sigue siendo, por ahora, un concepto en desarrollo.
Compras de bitcoin y bonos respaldados por criptomonedas
Durante este año, el gobierno salvadoreño ha adquirido supuestamente 2.381 bitcoins, invirtiendo más de 100 millones de dólares. Asimismo, emitió bonos soberanos respaldados por la criptomoneda por un valor de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, la transparencia en estas operaciones ha sido limitada, ya que la mayoría de los anuncios provienen de los tuits del propio Bukele.
Desde junio de 2022, el presidente ha guardado silencio sobre el tema. Su última declaración en Twitter fue para anunciar la compra de 80 bitcoins con fondos públicos, agradeciendo la oportunidad de adquirirlos a un “precio bajo”. Esta falta de información ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional.
Críticas y advertencias internacionales
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido uno de los principales críticos de la adopción del bitcoin en El Salvador. La institución, dirigida por Kristalina Georgieva, ha alertado repetidamente sobre los riesgos que la criptomoneda representa para la estabilidad financiera y económica del país. Incluso, ha recomendado eliminarla como moneda oficial debido a su impacto negativo en la integridad fiscal.
Por su parte, agencias de calificación como S&P Global Ratings y Moody’s han rebajado la nota crediticia del país, situándola en niveles de alto riesgo. En junio, S&P redujo la calificación soberana de corto plazo de ‘B’ a ‘C’, con una perspectiva negativa. Moody’s, en línea con esta tendencia, degradó la nota de El Salvador a ‘Caa3’, destacando un riesgo significativo de impago en los vencimientos de deuda previstos para enero de 2023.
Una crisis económica agravada por la caída del bitcoin
La situación financiera de El Salvador es alarmante. El gobierno debe afrontar vencimientos de deuda por valor de 800 millones de dólares en enero de 2023, mientras el bitcoin continúa lejos de sus máximos históricos alcanzados en noviembre de 2021, cuando rozó los 69.000 dólares. Actualmente, el valor de la criptomoneda oscila en torno a los 20.000 dólares, tras haber caído hasta los 17.600 dólares en junio de 2022.
En el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022, el bitcoin ha perdido un 63% de su valor. Este desplome ha afectado no solo a la economía salvadoreña, sino también a múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas, muchas de las cuales han cesado sus operaciones debido a la volatilidad extrema del mercado.
Perspectivas inciertas para el futuro
La adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha sido un experimento audaz que, un año después, enfrenta más desafíos que éxitos. Las advertencias de organismos internacionales, el colapso del mercado de criptomonedas y las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda ponen al país en una situación crítica. Mientras tanto, los salvadoreños observan con incertidumbre el impacto de esta política en su vida cotidiana y el futuro económico del país